Estado nacional ausente

Por Florencia Srur (*)

En lo que va del año, más de 70 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego en la provincia de Córdoba. Hemos enfrentado emergencias por sequías en diversas regiones, incluyendo La Pampa, y tormentas catastróficas como las que azotaron Bahía Blanca a principios de año. Además, el NEA sufre un caso sin precedentes de contaminación atmosférica causada por el humo de los incendios en Bolivia y Brasil, mientras una nueva bajante del río Paraná castiga nuevamente a las provincias mesopotámicas debido a la sequía. Estos eventos han provocado la muerte de animales, la pérdida de cultivos, bienes materiales, infraestructura, e incluso vidas humanas.

Estos sucesos tienen dos factores en común. En primer lugar, el aumento de eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes y devastadores, que coinciden —y en algunos casos superan— las predicciones científicas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la absoluta inacción del Estado Nacional ante cada uno de estos eventos, dejando a la población desprotegida ante un abandono sistemático y negacionista de las catástrofes ambientales. Esta inacción viola tratados internacionales firmados por Argentina, leyes nacionales e incluso el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y una calidad de vida digna.

A esta altura, no se trata de banderas políticas, sino de humanidad y coherencia. La situación en Córdoba es un ejemplo claro: la falta de respeto hacia quienes lo han perdido todo, y hacia los bomberos que arriesgaron sus vidas, se evidencia en la ausencia del presidente, quien disfrazado para la ocasión prefirió sobrevolar la zona afectada desde la comodidad de un helicóptero, en lugar de estar presente en tierra junto a su gente.

Por si fuera poco, el Gobierno Nacional insiste en negar la crisis climática ante la comunidad internacional, promoviendo una visión ilusoria de libertad que beneficia a unos pocos. Este enfoque impide que Argentina cumpla con los compromisos internacionales que ha firmado para enfrentar la emergencia climática global, una crisis que ya ha causado la muerte de más de 4 millones de personas por causas ambientales. Se proyecta que, entre 2030 y 2050, esa cifra aumentará en otras 250 mil personas al año. Las olas de calor, por ejemplo, ya han provocado un aumento del 30% en la mortalidad en Europa, y los costos directos para la salud derivados de estos fenómenos climáticos se estiman entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales para 2030.

¿Cómo es posible que un país tan vasto y rico en recursos naturales, esenciales para un desarrollo sustentable y una buena calidad de vida para todos sus habitantes, esté desesperado por regalar su riqueza a las potencias occidentales como Estados Unidos, mientras se alinea con países como Rusia y China que no han firmado ni cumplido con acuerdos ambientales internacionales? Existe una combinación explosiva detrás de esta contradicción: por un lado, entrega nuestros recursos a través de leyes como la Ley de Grandes Inversiones, y por otro, justifica su distanciamiento de organismos internacionales como la ONU o la OMS. Esto solo parece agravar la crisis ambiental y económica que afecta a toda la población.

¿Qué nos queda entonces? Seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos, ampararnos en la Constitución Nacional y no dejarnos engañar por discursos contradictorios disfrazados de soluciones mágicas.

(*) Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. MPN365