La Memoria que siempre está volviendo, la economía real que golpea

Una de cal…

Los 13 condenados por delitos de lesa humanidad en el segundo juicio que se hizo en La Pampa son efectivamente delincuentes, según determinó la Corte Suprema de Justicia al dejar firme el fallo de ese histórico momento.

La decisión tuvo un efecto concreto sobre el único civil de la provincia condenado por ese tipo de delitos, él médico Máximo Pérez Oneto, aunque de inmediato el delincuente logró que el Tribunal Oral Federal le diera el beneficio, por ahora transitorio, de estar detenido en su vivienda, hasta que se resuelva de modo definitivo la prisión domiciliaria que solicitó.

El efecto concreto sobre Pérez Oneto no tiene impacto en otros casos, puesto que los represores condenados en ese juicio ya cumplieron una porción mayoritaria de sus condenas, o ya gozan de la prisión domiciliaria, o fallecieron.

Más allá de esos casos puntuales, el dictamen del máximo organismo judicial también resultó un aliciente para quienes lucharon para que no haya impunidad de quienes fueron en nuestra provincia los brazos ejecutores de la última de las dictaduras militares.

La Corte viene demorada en dar firmeza a varias de las sentencias por delitos de lesa humanidad que se han registrado en otros puntos del país, sin embargo fue relativamente expeditiva para confirmar lo actuado en los tres juicios que se sustanciaron en La Pampa.

Esa sola situación es demostración de la seriedad y rigurosidad con que se trató el tema en nuestra provincia, donde los juicios tampoco fueron a la vanguardia, ya que la primera audiencia oral y pública data del año 2010.

Pero es evidente que se hizo un trabajo a conciencia, meticuloso y sin fisuras, del que fueron esenciales responsables especialmente las querellas, que tienen caras visibles de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado en Juan Carlos Pumilla y Raquel Barabaschi, con la representación legal del abogado Miguel Palazzani.

Aquel primer juicio por los hechos ocurridos en la Subzona 14, en el marco del extendido proceso de Memoria, Verdad y Justicia adquiere más valor en el actual contexto de negacionismo e incluso reivindicación del terrorismo de Estado que sostienen determinados sectores políticos.

El paso del tiempo también es doloroso: para tristeza y conmoción de las víctimas, el torturador Carlos Reinhardt, "el hombre de la picana", se florea en estas horas en libertad, luego de que se le facilitara la condicional, pese a haber sido condenado en tres ocasiones como parte de ese grupo de delincuentes que como en todo el país operó también en La Pampa, que no fue ninguna isla.

Aunque un requisito burocrático es que evite cruzarse con sus víctimas, su sola presencia en las mismas calles donde respiran y viven las mismas personas de las que se aprovechó, ya es una martirización para quienes lo padecieron, aunque quede el consuelo de recordarle en forma permanente al barrio de Villa Alonso que en esa casa de la calle Santa Fe al 455 vive un torturador.

…y una de arena…

El gobierno provincial hizo el anuncio de que este año, a contramano de lo que ocurrió en 2024, se realizará la tradicional muestra ExpoPymes, con la idea de facilitar alguna forma de actividad económica en el marco de una situación penosa y preocupante, que advierten todos los sectores que se manejan en la vida real.

La campaña propagandística del gobierno nacional, con el respaldo de los fierros de los medios de comunicación del establishment y el ejército de trolls financiado por el agujero negro de los servicios de Inteligencia, ha logrado instalar ciertos rasgos de optimismo derivados de los que se presentan como éxitos macroeconómicos.

Aún cuando resultaran positivos los resultados de las apuestas del presidente Javier Milei y del deudor y fugador serial Luis Caputo, el ministro de Economía que modificó de cuajo el supuesto plan económico votado en las elecciones, esos beneficios afectarían de manera satisfactoria a una exclusivísima porción de la población.

Así como un ínfimo porcentaje de millonarios y ricachones gozan ya mismo de los efectos de un modelo de saqueo de los recursos nacionales, las grandes mayorías argentinas son las que padecen y pagan esa fiesta con su sudor: especialmente jubilados y jubiladas, trabajadores de cualquier área, comerciantes comunes, cooperativas y pequeñas y medianas empresas integran el tendal de víctimas de ese proyecto devastador.

Hasta las patronales agropecuarias, aliadas ideológicas y electorales del gobierno nacional, están pegando el grito en el cielo: sus bolsillos se han visto enflaquecidos por la aplicación de las políticas actuales, por más que intenten disimularlo para evitar que surja alguna posibilidad de que los espacios políticos nacionales y populares "vuelvan mejores".

Pero ese sector también se caracteriza por su ambición de renta y entonces empiezan a escucharse los reclamos: hasta el diputado provincial Maximiliano Aliaga, que ha sabido hacerse de puestos políticos rentados por el Estado con distintas banderas, patalea ahora en las redes desde su lugar natural, el de propietario que quiere ganar más dinero, pidiéndole a las fuerzas libertarias, de las que quiere ser parte, que tengan piedad por los ricos del campo y les quiten las retenciones.

Los incentivos fiscales y los créditos productivos que anunció el gobierno provincial son, desde ya, meros parches para actores económicos locales que de otro modo irían a parar directamente a su desaparición como consecuencia de una decadencia que se ha ido acentuando año tras año.

Le asiste quizá al oficialismo nacional el mérito, aunque relativo, de haber controlado la inflación, después de haber sido la gestión que más la disparó, allá por diciembre de 2023, pero los métodos utilizados para lograr ese control de los precios, que también es ficticio y se expresa falsamente en los índices del INDEC, son también una causa de los pesares: la actividad económica paralizada, la recesión y el congelamiento de la actividad derivan en falta de trabajo, escaso consumo y pérdida de fuentes laborales.

Las mayorías populares venían de años dificultosos desde lo económico, pero nunca tan duros como ahora, en que aún teniendo un trabajo en blanco se hace imposible pagar servicios, transporte, alquiler, combustible y alimentos, sin que exista el sueño de acceso a otros consumos que mejoren la calidad de vida.