Freno al atropello en el Senado y lucha contra la desmemoria
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EL DIARIO digital
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Desde mediados de los años 70, la economía argentina transita un ciclo crónico de inestabilidad, endeudamiento y crisis recurrentes. La liberalización financiera iniciada en 1976 marcó el ingreso a una lógica que privilegió el capital especulativo por sobre el productivo, deteriorando el entramado industrial, el mercado interno y la soberanía económica. La sustitución de un modelo de desarrollo basado en la producción nacional por uno de valorización financiera tuvo como correlato una creciente dependencia del dólar como referencia de valor, ahorro y transacción, y del financiamiento externo como ancla de estabilización.
A lo largo de cinco décadas, ningún ciclo económico logró revertir de manera duradera esta matriz. Aun los períodos de recuperación —como el ciclo 2003-2011— se vieron limitados por cuellos de botella estructurales, entre ellos, el estrangulamiento externo, la restricción energética y la incapacidad de sostener un sendero de inversión productiva endógena. Las oscilaciones entre políticas de apertura y cierre, ajuste y expansión, subsidios y tarifas plenas, reflejan más una ausencia de estrategia que un conflicto ideológico. En el fondo, la economía argentina ha sido rehén de la volatilidad política y la incapacidad de construir consensos mínimos sobre desarrollo.
2015-2025: vuelta al FMI, ajuste permanente e informalización social
El nuevo ciclo de endeudamiento iniciado en 2016 con la administración Macri marcó un punto de inflexión. Entre 2016 y 2019, Argentina volvió a tomar deuda en moneda extranjera por más de USD 100.000 millones, incluyendo un acuerdo récord con el FMI por USD 57.000 millones. La economía se desestructuró: la industria perdió peso, el empleo registrado se estancó y los salarios reales cayeron más de un 20%. El acuerdo con el FMI implicó metas fiscales y monetarias contractivas que, lejos de estabilizar, generaron recesión e inflación combinadas.
El ciclo posterior (2019-2023) intentó morigerar los efectos del ajuste, pero sin capacidad ni margen para una transformación estructural. La inflación siguió escalando (cerrando 2023 con un 211%), el salario real acumuló una caída del 30% desde 2015 y el empleo informal creció hasta representar más del 45% de la población económicamente activa. Se consolidó un patrón de bajo dinamismo, alta volatilidad e incertidumbre estructural.
En este contexto, el regreso a un nuevo acuerdo con el FMI en 2025 por USD 20.000 millones no es una novedad, sino una reiteración del fracaso sistémico en articular una estrategia de desarrollo productivo sustentable. A mediano plazo, el impacto de estos programas suele ser regresivo: licúan ingresos, reducen el gasto público en áreas clave y desplazan al sector productivo en beneficio de actividades especulativas y de corto plazo.
El gobierno de Javier Milei: shock, estabilización parcial y tensiones crecientes
La gestión de Milei ha adoptado una política de shock que combina apertura, desregulación, ajuste fiscal severo y anclaje monetario. En sus primeros 120 días, logró superávit financiero primario, contención del tipo de cambio oficial y un recorte agresivo de transferencias discrecionales, subsidios y obra pública. La inflación, tras un pico de más del 25% mensual en diciembre, comenzó a desacelerarse.
Sin embargo, esta estabilización macro está siendo pagada con un profundo deterioro del entramado productivo y del poder adquisitivo. Según el INDEC, la caída interanual del consumo en febrero fue del 11%, y el salario real del sector formal cayó más de un 18% entre diciembre y marzo. La inflación de marzo, arriba de los 3 puntos y en escalada. Las pymes enfrentan una combinación letal: baja demanda, alta tasa de interés real, atraso en pagos del Estado y competencia desleal de importaciones.
La nueva etapa iniciada el 11 de abril —levantamiento parcial del cepo, nuevo esquema de bandas cambiarias, entrada de dólares frescos vía FMI, Banco Mundial y BID— puede dotar de oxígeno financiero al corto plazo, pero refuerza el sesgo especulativo y excluyente del modelo. La desdolarización anunciada coexiste con una indexación mensual del 1% para el dólar oficial, lo cual no garantiza estabilidad real de precios ni previsibilidad para el sector productivo.
Tres escenarios posibles ante las nuevas medidas
1. Escenario de estabilización regresiva
El gobierno logra sostener la pax cambiaria y monetaria, reduce la inflación a un dígito mensual, pero a costa de una recesión prolongada. El desempleo aumenta, la informalidad se expande y el tejido pyme se debilita. El país se vuelve atractivo para inversiones especulativas pero no para la producción.
2. Escenario de rebote transitorio y nueva crisis
La entrada de divisas genera una ilusión de recuperación, con rebote de consumo en sectores altos y acceso al crédito externo. Sin embargo, el atraso cambiario y la apertura importadora generan un nuevo desequilibrio externo en 2026. Vuelve la presión sobre el dólar, la inflación repunta y el ciclo de deuda se reinicia.
3. Escenario de revisión política y reorientación productiva
Ante las tensiones sociales, se conforma un nuevo pacto político que redefine prioridades: recuperación del crédito productivo, políticas activas para pymes, regulación cambiaria inteligente y protección selectiva a sectores estratégicos. El FMI negocia un waiver sobre metas fiscales a cambio de compromiso con el desarrollo sostenible. Se inicia una senda más equitativa y virtuosa.
Propuestas para la política y las pymes ante el nuevo escenario
Política pública: se requiere recuperar capacidad estatal para planificar, regular y orientar el crédito productivo. Es clave un nuevo acuerdo federal que contemple asimetrías territoriales, financiamiento específico a pymes y políticas activas de empleo.
Sistema financiero: es urgente el diseño de instrumentos de financiamiento no especulativos, con tasas razonables y orientadas a inversión real, sustentadas en banca pública y cooperativa.
Pymes y entramado territorial: se debe avanzar en redes asociativas, clústeres productivos y articulaciones intersectoriales que fortalezcan capacidades de escala, innovación y agregado de valor, particularmente en economías regionales.
Diversificación productiva: la salida no es por el dólar sino por el trabajo: promover cadenas bioindustriales, economías circulares y producción con impacto territorial que reduzcan dependencia externa.
Coordinación multiactoral: ni el mercado ni el Estado solos. Hace falta articulación entre gobiernos, cámaras, universidades, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil para construir consensos y programas de desarrollo territorial sustentable.
(*) Formador | Docente, investigador y extensionista | Emprendedor y productor agro | Asesor y consultor
